El orden del día del pleno ordinario celebrado en la Vall d’Uixó recogía varios puntos de importancia, como dar el visto bueno al acuerdo alcanzado con la empresa encargada de la recogida de residuos y limpieza viaria (Fovasa), uno de los logros más relevantes para el equipo de gobierno de cuantos se han concretado en los últimos tres años, porque pone fin a «toda una serie de incumplimientos y un reguero de procedimientos judiciales», como defendió en su día la alcaldesa, Tania Baños.

Sin embargo, el tema de actualidad en el municipio desde ayer cobró un protagonismo inevitable y sustentó el clima de tensión que se reprodujo durante toda la sesión, a la que asistieron numerosos vecinos, tanto a favor como en contra del derribo de la cruz. Fue en el pleno cuando se produjo el primer contacto oficial entre el equipo de gobierno, la oposición y la ciudadanía, desde que el martes por la mañana se iniciaron los trabajos de retirada del monumento alzado por la dictadura franquista y que ha desaparecido exactamente 80 años después del último bombardeo de la aviación fascista italiana sobre la ciudad, el 6 de junio del 1938.

Aunque cuestiones como la citada, por la que la empresa se compromete a devolver los 750.000 euros que «cobró de más» por servicio no realizados —según incide el tripartito—, o la aprobación de un trámite más para la adjudicación del contrato de suministro y prestación de los servicios energéticos y mantenimiento del alumbrado público, fueron tratados y aprobados sin mayores problemas, las interrupciones fueron constantes, viéndose la alcaldesa obligada a interrumpir la sesión en diversas ocasiones.

Los grupos políticos reprodujeron los argumentos ya conocidos para defender su posicionamiento. El PP formuló hasta 20 preguntas sobre el procedimiento y desde el equipo de gobierno insistieron en que las leyes de memoria histórica estatal y valenciana avalan la decisión de retirar de la calle la Cruz de los Caídos.