El pleno del ayuntamiento de Benicàssim mostró ayer su faceta más reivindicativa con el resto de administraciones públicas. A petición del Partido Popular, exigieron por unanimidad al Ministerio de Transición Ecológica, que asuma el pago de la amortización de la desaladora de Orpesa.

La alcaldesa, Susana Marqués, señaló que «pedimos que se exima a la localidad de abonar la amortización de una planta que ahora no es necesaria y que, además, en otros lugares, como en Cataluña, fue afrontada por el Gobierno íntegramente. Es injusto que, mientras a otros territorios se les dio este privilegio, aquí no se nos trate igual».

La moción recordó que el convenio para impulsar la desaladora se firmó en el 2008. En el mismo, el municipio pedía recibir al año 12.000 metros cúbicos hídricos al día. Unas previsiones que servirían para abastecerse únicamente de agua desalada, y que suponía un incremento de casi el 300% en el recibo del agua.

Además, estipulaba que el consistorio debía pagar el 18,58% de los costes, por lo cual está obligado a devolver más de 73 millones de euros en 25 años. Al año, solo para amortizar la deuda heredada, Benicàssim debería hacer frente a 800.000 euros al año.

En otro orden de cosas, todos los partidos con representación plenaria se unieron para reivindicar mejores infraestructuras por carretera y ferroviarias en la provincia. Principalmente, se centraron en el Plan de Mejora de la Calidad de las Cercanías en la Comunitat 2017-2018, así como la liberalización de la AP-7.

La sesión incluyó demandas para el Consell. Una para mejorar el servicio de transporte de pasajeros y otra por la obra de accesibilidad del albergue Argentina.