El que parecía que iba a ser un nuevo recurso tecnológico al servicio de las funciones de la Policía Local de Nules, se ha convertido en las últimas horas en el origen de una polémica interna en el Ayuntamiento a cuenta del uso de las cámaras de grabación adheridas al uniforme policial.
Recientemente, el consistorio, a través de un decreto de alcaldía, había autorizado a los agentes que así lo consideraran oportuno a adquirir y utilizar estos dispositivos de grabación personal, aunque con la salvedad de que debían ser ellos mismos los que compraran la cámara, dado que el consistorio no iba a hacerse cargo de ese gasto.
La discrepancia se evidenció ayer, cuando el jefe de la Policía Local remitió a la plantilla un comunicado interno --al que ha tenido acceso Mediterráneo por otras fuentes-- en el que advierte que «mientras no se cumplan las condiciones y requisitos previstos en la normativa que regula el uso de estos dispositivos, no deben portar ni hacer uso de ellos», recordando así sus obligaciones legales, a pesar de la autorización del alcalde, David García.
Y es que existe un evidente debate sobre la legitimidad del uso de este tipo de cámaras, que se ha plasmado en diferentes informes a los que el jefe de la Policía Local hace referencia, todos de esta misma semana. Los servicios jurídicos municipales han emitido un dictamen a partir del escrito remitido al consistorio el 2 de septiembre por parte de la Secretaría General de la Subdelegación del Gobierno, que plantea dudas sobre si los agentes pueden o no utilizar estos dispositivos y remite a la necesaria autorización por parte del Ministerio que, visto lo visto, no se ha recibido, en especial por lo que respecta a las limitaciones que establecería, por ejemplo, la ley de Protección de Datos o el tipo de cámara que podría utilizarse.
Esta indicación de la jefatura llega cuando varios policías ya habían comprado sus propias cámaras --en concreto, según fuentes consultadas por este periódico, habrían sido dos--, aunque no se trataría de una predisposición unánime de los agentes. La posibilidad de adquirirlas y usarlas no se planteó como una necesidad colectiva y gran parte de los que podrían estar interesados ven con incertidumbre las discrepancias manifestadas por las diferentes administraciones.
El problema en este caso es que el consistorio no habría cumplido con el trámite preceptivo y el uso de esas cámaras por cualquier agente podría generar una evidente problemática legal.
