El primer derribo de una vivienda en la zona húmeda de la marjalería de Burriana es inminente. Ayer comenzaron los trabajos de retirada de los enseres útiles y también se retiraron elementos como puertas y ventanas, a la espera de que las excavadoras procedan a la demolición de la casa.

Con esta actuación se pondrá punto y final a varios años de lucha por parte de los propietarios, en las que la justicia se ha mostrado implacable. La sentencia era firme desde hace dos años, pero hasta finales de mayo el dueño del inmueble había ido sorteando el momento de ejecutarla.

Hace tres semanas, el juzgado le envió una notificación en la que se le daba un último plazo de un mes para proceder al derribo. En caso contrario, ya no se arriesgaba tan solo a una multa, sino a incurrir en un delito penal de desobediencia que podría conllevarle incluso pena de cárcel.

El caso de este inmueble es significativo, puesto que está situado en la zona de máxima protección del humedal, pero si se hubiera construido tan solo unos metros más cercano al mar estaría en terreno urbanizable. La construcción está a pocos metros de la conocida Ratlla entre Burriana y Nules, El hundimiento del edificio se producirá sin que exista un plan de usos de la Marjal, por lo que los propietarios de terrenos aseguran desconocer qué pueden o no hacer dentro de sus parcelas. En cualquier caso, toda construcción en zona declarada protegida se considera ilegal.

CONSELL // En el pasado pleno ordinario la corporación municipal aprobó la creación del Consell de la Marjal. Según el concejal de Urbanismo, Bruno Arnandis, el ente debe servir para “canalizar la participación de los vecinos en este órgano informante y de elaboración de propuestas”. El edil mostró su confianza en que “pronto se pueda desarrollar el plan especial de una marjal que fue protegida en el año 2002, pero que aún hoy carece de un marco normativo”. En este sentido, indicó que “la poca concreción que en algunos aspectos importantes aporta la normativa vigente”, hace que consideren “necesario crear este organismo para conocer de primera mano la opinión de los afectados”, sentenció.

En este nuevo órgano se quiere involucrar a los actores afectados, ya sean agricultores o dueños de viviendas, pero también al Sindicato de Riegos, a representantes de vecinos con algún pozo, miembros de todos los partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento de Burriana y también a dos entidades de protección de la naturaleza.

Por su parte, el concejal de Poblados Marítimos, Vicent Aparisi, lamentó que la justicia no haya tenido en cuenta las demandas vecinales y criticó que el alcalde anterior, el popular José Ramón Calpe, firmara varios expedientes estando en funciones, algunos “el 12 de junio del 2015, el día en el que dejaba la alcaldía”. H