El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, se comprometió ayer con el alcalde de la Vilavella, Manel Martínez, a facilitar los trámites que han de llevar a «la legalización que hará posible el tanatorio», un proyecto impulsado por la iniciativa privada a realizar en unos terrenos municipales cuya cesión se encuentra en exposición pública.

A partir de la semana que viene empezarán «a presentar el proyecto de construcción con los informes que se han ido realizando y que deben de contar con el visto bueno de un par de conselleries», detalló Martínez. Es ahí donde Puig se ofreció a agilizar toda la gestión burocrática.

INTERÉS TURÍSTICO / Pero este no será el único tema que contará con el impulso del Gobierno autonómico, a tenor de lo anunciado tras la reunión mantenida en el consistorio entre el president y varios miembros del equipo de gobierno. El jefe del Consell afirmó: «Todo aquello que pueda servir para proyectar la población debemos hacerlo juntos». Y por ese impulso conjunto pasará, según dijeron públicamente, la promoción de las fiestas patronales en honor a San Sebastián, para las que el Ayuntamiento quiere conseguir la declaración de interés turístico autonómico.

Entre las diferentes cuestiones tratadas, el máximo representante del Ejecutivo hizo especial mención a una judicializada: el cobro de la subvención para la construcción de un mirador que nunca se ejecutó y que ha llevado al exalcalde del PP José Luis Jarque a ser citado como investigado. Una declaración que debía haberse producido ayer, pero que se ha aplazado sine die.

Puig anunció que en los próximos días habrá una reunión específica para «encontrar una solución» dado que la Vilavella debe devolver el importe cobrado, unos 8.700 euros, «pero se pueden establecer otro tipo de convenios para, de alguna manera, suturar la herida que le producirá al Ayuntamiento», dijo.