Fue cuestión de apenas 48 horas. Cuando el Ayuntamiento hizo pública la advertencia de que iban a emprender acciones legales contra la empresa que se está encargando de instalar el ascensor en la casa consistorial, porque acumulaba casi dos meses de un retraso que el equipo de gobierno consideraba injustificado, la afectada reaccionó de inmediato y comenzó a colocar el cristal que protege la estructura.

El avance es evidente con solo acercarse al consistorio. Se ha retirado la valla perimetral de seguridad y el elevador ya cuenta con las paredes traslúcidas y la puerta, por lo que se espera que esté en funcionamiento en breve. Fuentes municipales incidieron en que «es lamentable que uno deba recurrir a la amenaza para que se cumplan los plazos», pero esta supervisión «estricta» de los contratos de públicos «va a ser lo normal, como ya demostramos durante la legislatura pasada».

La preocupación principal del tripartito estribaba en que del cumplimiento de los plazos previstos dependía el cobro de una subvención de 35.000 euros.