Como en el cuento de La Cenicienta, en la medianoche de ayer se agotó el plazo que tenía Reyval para vaciar de residuos la planta instalada en l’Alcora, en cumplimiento de las directrices de la Conselleria de Medio Ambiente, que ejecuta la sentencia del Tribunal Supremo, notificada a la empresa el 3 de mayo.
La medida es consecuencia del fallo del Alto Tribunal, que desestimó el recurso de casación interpuesto por la mercantil contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que anulaba la autorización ambiental integrada otorgada a la firma y que le permitía desarrollar su actividad.
Tras realizar el vaciado total de residuos de la planta, la empresa debe presentar carta certificada demostrando que los trabajos los ha ejecutado un gestor de residuos autorizado por la Generalitat. Así lo confirmaron ayer fuentes del departamento autonómico que encabeza Elena Cebrián, que matizaron que no se ha producido ningún aplazamiento para la retirada de material, ante la posibilidad de que la empresa no tuviera tiempo suficiente para ello, ya que el final de entrada de residuos debía haberse producido el viernes 12, pero se prorrogó al lunes 16 para cubrir las emergencias del fin de semana de recogida de restos hospitalarios.
No obstante, la Conselleria de Medio Ambiente da ahora un plazo de tres meses a Reyval para que presente «un informe del proyecto de clausura y, a la vez, demostrar, con un control del suelo y aguas subterráneas, que sus 20 años de gestión de residuos en esa planta, con sus vertidos y emisiones, no suponen ningún peligro para la ciudadanía».
Por su parte, desde el Ayuntamiento de l’Alcora indicaron que las pancartas de protesta instaladas en la fachada del Ayuntamiento y otros edificios públicos no se quitarán hasta que las instalaciones no estén 100% cerradas y esté terminado el informe. Y aseguraron que velarán, con la Policía Autonómica, para que se cumpla la resolución judicial.
