La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, firmó ayer la resolución que ordena el inicio del procedimiento para hacer efectivo el derribo del edificio de vivienda pública de la avenida José Ortiz número 167 de Almassora, conocido como Grupo B. La previsión es que sea historia en verano. La consellera atiende la solicitud de la alcaldesa, Merche Galí, y el compromiso que trasladó a los vecinos hace 15 días.

En la actualidad, el conjunto de 38 viviendas se encuentra vacío, tabicado y en estado de ruina económica. Inicialmente, eran varios bloques que sumaban 94 pisos, de los que 56 fueron demolidos. De hecho, durante años se produjeron muchos conflictos en este edificio al convertirse en un foco de marginalidad. Finalmente, hallaron una solución consensuada entre la administración autonómica y la local, con el objetivo de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos.

La resolución de Salvador detalla que los estudios realizados mostraron que el coste de rehabilitación integral del edificio supera el 50% del valor de una edificación similar de nueva planta. Además, el inmueble se encuentra fuera de ordenación urbanística. «La demolición pondrá punto y final a la problemática que ha sufrido durante años el barrio de Fátima y será gracias al trabajo, que hoy (ayer para el lector) queda probado, de la máxima responsable autonómica de Vivienda», declaró la primera edila.

Tal y como anunció Salvador en su visita al municipio, a mediados de enero, la Generalitat tiene una hoja de ruta para dar una solución efectiva a la problemática que arrastra el inmueble. La previsión es licitar la redacción del proyecto de ejecución del derribo para el mes de marzo. El objetivo es que la demolición tenga lugar en julio.

El consistorio remarcó que esta intervención no comportará la permuta de suelo, ni tampoco la construcción de viviendas en otras zonas del municipio.

Esta legislatura los representantes de ambas instituciones (municipal y regional) han mantenido numerosos encuentros para desbloquear el conflicto.

finalidad pública // Tras las conversaciones mantenidas, la conclusión fue que el Consell ceda temporalmente al Ayuntamiento el solar que quede tras el derribo del Grupo B, para que lo destine a propuestas que sean en beneficio de los habitantes, previa petición y acreditación de la finalidad pública y de su utilización social por parte del municipio.