La mercantil Golf Sant Gregori SA llevará a los tribunales al Ayuntamiento de Burriana por rescindir el programa de actuación integrada. Es la reacción de la empresa tras conocer la deliberación no vinculante del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que aboga por la rescisión de la condición de agente urbanizador. La firma entiende que el CJC no ha atendido sus posiciones y está decidida a defender sus intereses en el juzgado porque entiende que el consistorio es responsable de que las obras de urbanización no hayan podido comenzar aún.

De forma paralela a la reacción de la empresa, se pronunciaron ayer parte de los partidos de la oposición. En este sentido, el portavoz del Partido Popular local, Juan Fuster, se preguntó “qué ha hecho durante estos cinco meses el tripartito para trabajar por el desarrollo de un programa que debe garantizar el crecimiento de la ciudad”. Y añadió que es “fundamental” que los tres grupos en el gobierno actúen con total diligencia para “garantizar el cobro de los avales, puesto que la mercantil se encuentra en concurso de acreedores”.

Por su parte, la portavoz de Cibur, Mariola Aguilera, exigió que la decisión que se tome “sea consensuada con todos los grupos, vecinos y propietarios del sector”. Criticó la gestión hecha por el PP y el tripartito en este asunto. H