Desde la llegada en el 2014 de la secretaria Paloma Sanz Barrera al Ayuntamiento de Almenara, en las oficinas del consistorio convive un aire irrespirable. Según argumentan fuentes consistoriales, el motivo reside en que un porcentaje elevado de los trabajadores municipales han sido denunciados por ella. Y señalan que hasta la fecha los procedimientos han sido archivados.

La alcaldesa, Estíbaliz Pérez, es una de las afectadas. Según manifiesta: «No hace caso de los acuerdos plenarios, ni de las órdenes que le doy, ni de la comisión de gobierno. Hace lo que le da la gana y eso no puede ser. Ella trabaja para todos los vecinos de Almenara, no solo para mí, ni para nadie del gobierno municipal y, además, cobra por ello más de 4.000 euros al mes en bruto».

En agosto del 2015, cuando Sanz ya llevaba un tiempo en su puesto y Pérez ejercía desde hacía un mes en el cargo, esta última explica que recibió «llamadas de políticos y funcionarios de puntos donde había estado, con una labor y función desastrosa». «Me advirtieron de lo que había. La verdad es que no se han equivocado, porque tiene paralizado todo el Ayuntamiento y así no se puede seguir». «Por ese motivo, he remitido la documentación a la Administración autonómica y central para que tomen cartas en el asunto y los incumplimientos que vaya ocasionando también los iré remitiendo», subraya.

La munícipe destaca que todas las semanas le «interpone una denuncia». «Ya llevo unas cuantas, pero aún no me han citado. Cuando llegue el momento, iré encantada para decir la verdad de lo que sucede y es fácil que salga procesada, como en el último procedimiento en el que está encausada, que entró como denunciante y salió imputada».

HISTORIAL // Para la primera edila, «los funcionarios son sus compañeros, los políticos van y vienen, pero ellos se quedan y nunca un trabajador municipal se ha visto en una situación de esta índole». «El comité de empresa me remitió un escrito en el que muestra la preocupación de los funcionarios y actúan al respecto, porque la situación es insostenible».

Sanz argumenta al respecto que todo lo que sucede se debe a «una vendetta» de la primera edila. «Intentan desacreditarme porque soy el principal testigo de cargo», añade, y remarca: «Me han forzado 13 veces por escrito al pago fraccionado de un contrato de manera fraudulenta».

Reconoce que le han «abierto un expediente disciplinario», pero justifica su actitud porque está «fuertemente comprometida con la anticorrupción y con el cumplimiento de la legalidad».

Sobre sus compañeros dice que la mayoría no son funcionarios «y han de pasar por caja».