El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segorbe puso ayer en conocimiento de la Fiscalía los resultados de dos auditorías de urbanismo y contratación para que se investigue si se cometieron irregularidades en el contrato de agua potable y en un convenio de electricidad por parte del anterior gobierno municipal.
Según informaron desde el consistorio, tras consultar los informes y expedientes y recabadas las opiniones de diferentes juristas, ha decidido poner en conocimiento dos temas que «generaban dudas» y «deben ser aclarados por el bien de la ciudad».
Por un lado, advierten sobre las dos ampliaciones del contrato de suministro de agua potable realizadas en anteriores legislaturas, que suman un total de 25 años de concesión del servicio público.
Se detalla que el anterior gobierno solicitó un anticipo de 1.000.000 de euros a la empresa concesionaria, pero «no se han encontrado determinados documentos que justifiquen la ampliación y el anticipo». La auditoría de contratación también revela un incremento del precio del agua por usuario en la localidad a consecuencia de este anticipo.
Por otra parte, en la auditoría urbanística se detectó la falta de información para justificar los gastos para conectar la subestación eléctrica de Villatorcas con la localidad. Este acuerdo sumó 1.388.058,32 euros y «carecía de documentación que justifique dicha inversión y prescindía de proceso de licitación», apuntan.
