Al menos un técnico del Instituto Geológico y Minero (IGM), entidad que avaló la idoneidad del Castor, conocía el riesgo de seísmos en la zona. Así lo confesó ayer el directivo del ente, José Antonio Fernández, quien, en su declaración en calidad de imputado ante el titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Vinaròs, Víctor Manuel Capilla, ratificó que él conocía un documento del Observatorio del Ebro en el que se alertaba del peligro sísmico en el lugar donde se proyectaba el polémico almacén de gas. Un informe que data del 2005, anterior al remitido por el IGM en el que se daba luz verde al proyecto, elaborado en el 2007.
Tal y como informó la abogada de la acusación particular ejercida por Arca Ibérica, Fanny Conde, Fernández, el segundo de los 18 procesados llamados en el marco de la instrucción del caso Castor, justificó que no se realizara trabajo de campo para confirmar la veracidad de las advertencias “porque este excede la capacidad económica del IGM”. Asimismo, argumentó que “si hubiera entendido que pudiera haber algún potencial peligro, lo hubiera hecho constar”, explicó a este diario la letrada de la asociación.
Las palabras del directivo del IGM contrastan con las del coordinador del informe que permitió que la obra saliera adelante, Jesús Gómez de las Heras. En su declaración del lunes, también como imputado, aseguró desconocer el peligro de terremotos mientras se redactó el documento.
En lo que sí que coincidieron tanto Gómez de las Heras como Fernández es en resaltar que en sus trabajo se limitaron a informar de aquellos aspectos que les había solicitado el director general de política energética y de minas durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Jorge Sanz de la Oliva, este último también procesado por este asunto.
A su salida de los juzgados, el imputado no quiso hacer declaraciones ante los medios de comunicación. Sin embargo, como informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la sala respondió a las preguntas lanzadas por las acusaciones y a su abogada. El resto de las defensas no plantearon cuestiones.
Por su parte, el juez responsable del caso insistió en conocer cómo se llevó a cabo la supervisión de la documentación presentada por Escal UGS (la concesionaria del almacén de gas cuando se produjeron los terremotos). Como indicó Conde, el procesado informó de que, entre otros aspectos, trabajaron para ratificar que la firma buscaba con la actuación la utilidad pública y no invertía en el macroproyecto fallido meramente con fines especulativos. H
