El Ayuntamiento de Almassora ha solicitado un informe externo sobre las deficiencias del IES Álvaro Falomir, previo a pedir la delegación de competencias para el programa Edificant, según fuentes municipales, a pesar de que la Conselleria de Educación ya confirmó en marzo la autorización para que el consistorio redactara la memoria de la ampliación de este centro.

Antes del traspaso de competencias por parte de la administración autonómica, los dirigentes municipales quieren tener un documento técnico que concrete el estado en el que se encuentran las instalaciones. Según han avanzado, el coste del estudio será asumido por la Conselleria.

Entre los problemas que la dirección del centro y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos han denunciado en los últimos años se encuentran la saturación, la falta de un laboratorio de química, las reducidas medidas del gimnasio o las carencias en la calefacción. Unas reivindicaciones históricas, puesto que el centro recurrió hace 20 años a los barracones para aliviar la sobrecarga de las aulas, y necesita mejores instalaciones para atender correctamente al alumnado. Esta situación, según el equipo de gobierno, se solucionaría con la ampliación prevista sobre el terreno del antiguo colegio Errando Vilar (4.700 m2), derribado en el 2015, y situado tras el instituto.

MÁS ACTUACIONES / La Generalitat aceptó la totalidad de las solicitudes tramitadas por el Ayuntamiento para la actualización de los centros educativos. Además de la ampliación del Álvaro Falomir, dio el visto bueno al derribo y construcción del colegio Embajador Beltrán y a las obras del Santa Quitèria. Además de estos proyectos, el programa Edificant incluirá actuaciones menores, como reformas en cocinas, pasillos, mejoras y ampliaciones de pistas exteriores, vallado, dotación de equipamiento informático o digital y almacenes.

Al margen de estas intervenciones, queda pendiente la construcción del colegio Regina Violant, paralizada tras el arranque de las obras, con la consiguiente preocupación del conjunto de la comunidad educativa y la corporación municipal. La tramitación, en este caso concreto, sigue su propio proceso para la licitación, tras producirse el abandono de la anterior empresa.