El Tribunal Supremo acordó ayer pedir al Ministerio de Industria las auditorías de los costes de mantenimiento y operatividad, por parte de la empresa Enagás, en relación con las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas natural Castor para determinar si los costes eran o no pertinentes.
El Alto Tribunal responde así a un recurso presentado por la Generalitat de Cataluña contra la orden de peajes del gas para el 2015, que se oponía a que los gastos de mantenimiento del almacenamiento subterráneo de gas Castor se carguen a la factura del gas que pagan todos los usuarios de esta energía.
En concreto, se trata de establecer si las cantidades abonadas, una retribución adicional de 253,3 millones de euros y el reembolso de los gastos de operación y mantenimiento de una cuantía adicional de 42,3 millones de euros, son pertinentes “o responden a otros intereses”.
En su recurso, la administración catalana consideraba que el coste de mantenimiento no puede cargarse a los consumidores dado que se trata de una infraestructura que nunca ha entrado en servicio.
Además, el Tribunal Supremo solicita que Industria entregue la notificación a la Comisión Europea del pago a Enagás de 17,3 millones de euros, en caso de haberse efectuado el pago, y en caso contrario, que acredite que no se llevó a cabo. Esta compañía finalizó, el pasado mes de marzo, el proceso de cierre temporal de la planta Castor. H
