El Ayuntamiento de Almassora sacará a concurso público el chiringuito de la playa de la localidad cara a que pueda estar operativo para vecinos y visitantes esta temporada, aunque la proximidad del periodo estival juega en su contra. Fuentes municipales confirman la autorización del Servicio Provincial de Costas de Castellón para la ocupación de los terrenos y bienes de dominio público marítimo-terrestre, con el objetivo de prestar servicios de temporada.

En este sentido, el siguiente paso será la publicación del documento en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), para que los interesados presenten sus ofertas y opten a la gestión de la instalación. El expediente se encuentra actualmente en el departamento de Contratación con el propósito de cerrar el trámite, según puntualizan las mismas fuentes.

Desde el consistorio también avanzan que «el presupuesto será más bajo que otros años para que, a cambio, el adjudicatario se encargue de la instalación, dado que el chiringuito actual está deteriorado». De hecho, la infraestructura, que se sitúa en el tramo de costa frente al Camí Catalans, no tuvo ningún uso durante los años 2015, 2016 y 2017.

REGENERACIÓN // Almassora perdió en el 2015 su popular merendero coincidiendo con la regeneración del frente litoral, al no ser compatible con las obras.

En el 2016 el Ayuntamiento no lo sacó a licitación por problemas en la estructura que alberga la actividad hostelera. Según informaron fuentes del equipo de gobierno, los técnicos recomendaron la renovación de la infraestructura, «ya que las medidas no eran las reglamentariamente establecidas y estaba muy deteriorada».

Y los vecinos tampoco disfrutaron del chiringuito el pasado verano. Si bien el Ayuntamiento anunció el 1 de junio que la entonces alcaldesa Susanna Nicolau había firmado el decreto que iniciaba el procedimiento de licitación referido a la ocupación, con finalidad de uso público, del quiosco de la playa, finalmente la instalación no contó con el permiso de Costas como se había indicado inicialmente.

El pliego de condiciones establecía un canon de 4.500 euros, unos fondos con los que el ejecutivo local pretendía hacer frente al pago de la licencia exigida por Costas para llevar a cabo la actividad y a los gastos de consumo energético de la instalación.