Los actuales sargentos de la Guardia Civil de Benicàssim, Vilafranca y Viver deberán cesar de sus cargos en cumplimiento de una sentencia judicial que da la razón a la denuncia presentada por la asociación profesional Independents de la Guardia Civil (IGC) y por el sargento de Nules, Joaquín Parra, que consideraban que los 397 nombramientos que se realizaron hace un año no cumplían la legislación vigente.

Aunque con importantes consecuencias, el caso parece sencillo. En junio del 2019 la dirección general de la Benemérita aprobó el nombramiento de 397 agentes para ocupar plazas vacantes por «necesidades del servicio». El problema es que todos ellos eran «militares egresados», es decir, agentes acabados de salir de la academia de formación. Como explicó ayer Joaquín Parra, la legislación es clara al respecto y así lo reconoce la sentencia, antes de adjudicar esas plazas deberían haber trasladado la oferta a los sargentos más antiguos, algo que no sucedió, lo que provocó su disconformidad.

La sentencia declara nulo el nombramiento y los sargentos deberán cesar «en el tiempo materialmente posible».