La labor de difusión del paisaje protegido de la desembocadura del Riu Millars desarrollada por el Consorci Riu Millars se está traduciendo en la conciencia ambiental de los vecinos de la zona y de los visitantes con la realización del triple de actividades medioambientales.
En los últimos tres años se han llevado a cabo más de 170 con un aumento exponencial entre marzo de 2019 y febrero de 2020 con casi 90 acciones.
Una muestra de la sensibilización es que en el último año no se han registrado infracciones por recogida de fauna --caracoles-- o plantas protegidas. Tan solo hace tres años se levantaron 21 actas al respecto.
Del mismo modo, cabe señalar que el número de pescadores en la desembocadura del Millars se ha reducido un 75% en tres años, coincidiendo con el aumento de las acciones sociales y se ha reducido además en un tercio el número de vehículos que circulan por la zona.
Estos son solo algunos datos significativos del balance del servicio de Guardería Rural del Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Riu Millars, que agrupa a los ayuntamientos de Burriana, Almassora y Vila-real, la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón.
El servicio público de la Guardería Rural está actualmente adjudicado a la empresa Facsa. El resumen también permite comprobar cómo la constante presencia del servicio de protección ha tenido un potente efecto disuasorio sobre los posibles infractores, ya que se ha reducido en más de un 95% el número de actas de infracción.
Papel de la vigilancia
Los datos son reveladores de cómo la acción de vigilancia y control sobre el paisaje permiten mejorar los estándares ambientales y de protección de los 14 kilómetros del tramo de la desembocadura.
Si en 2017 se controlaron 1119 licencias de pesca en el último año tan solo 270. La bajada de la presión humana ha sido notable. También se han reducido las sanciones, lo que demuestra que el trabajo de la Guardería Rural conciencia a los posibles infractores.
Lo mismo ha sucedido con la circulación de vehículos y el estacionamiento de los mismos en el área protegida, que se ha reducido a un tercio si se compara con las cifras de 2017.
En cambio, los gestores del paraje han mostrado su preocupación porque se mantiene la evolución de construcciones ilegales, especialmente en la zona dels Alters y se han registrado un total de 217 vertidos ilegales, de los que se ha retirado el 94%.
