El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha reafirmado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Castellón, que en mayo del 2013 daba la razón al Ayuntamiento de Càlig y la Plataforma contra l’Abocador de les Basses y anulaba la modificación del contrato de adjudicación del vertedero de Cervera.

Se considera que el aumento del precio respecto al proyecto original, que pasó de 110 a 139 millones de euros, resultaba “excesivo y contrario a derecho”. Por tanto, el contrato del consorcio “no era legal y se tendrá que anular; ahora debería ser la Dirección General de Cambio Climático la que tendría que ejecutarlo”, ha señalado el portavoz de la Plataforma contra l’Abocador a les Basses, Joaquim Anglès. El consorcio, sin embargo, ha presentado un recurso solicitando que no se ejecute la sentencia.

Anglès denunció que los ciudadanos de la zona 1 “están pagando en sus tasas de residuos este aumento del 26,16%” y que tras la sentencia “posiblemente será inasumible llevar adelante el proyecto de gestión y serán los vecinos los que se harán cargo de la compensación”. También recordó los 1,7 millones de euros de compensación a los propietarios de fincas donde se instaló el vertedero, que deberá afrontar el Ayuntamiento de Cervera. H