La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) recabó ayer información durante toda la jornada en el ayuntamiento de Navajas y en dependencias municipales, por mandato del Juzgado de Instrucción número 1 de Segorbe, que investiga supuestas irregularidades contables en la gestión del anterior equipo de gobierno del Partido Popular.
La causa judicial se inició en el 2016 y está abierta por delitos de prevaricación, malversación, fraude y exacciones ilegales. En el marco de la investigación, autorizaron a agentes de la Vall a acudir a la localidad para llevarse documentación del periodo 2013-2017, en una causa en la que tienen condición de investigados el exalcalde José Vicente Torres y el exsecretario Antonio Paredes, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El actual equipo de gobierno local (formado por Alternativa por Navajas y PSOE) informó de que la UCO trabajó con la colaboración de los ediles y funcionarios, a quienes les solicitaron información. Dos agentes de la Guardia Civil permanecieron en la puerta de acceso para impedir el paso de público, aunque sí entraron al edificio los trabajadores que ayudaron durante las pesquisas.
REACCIONES
Las tareas de los cuerpos de seguridad se alargaron hasta la noche, por lo que este periódico intentó recoger reacciones de los actuales representantes el Ayuntamiento, presidido por Patricia Plantado (Alternativa), sin éxito. Desde el grupo popular, su portavoz, Cristina Villalba, declinó hacer declaraciones y afirmó que esperarán a lo que confirme la UCO. Desde el PP provincial recordaron que expulsaron al exprimer edil en el 2014 tras la presión ejercida.
El que sí habló fue, precisamente, Torres, alcalde de la localidad entre 1999 y 2014. «El registro no me pilla por sorpresa. Soy consciente de que este equipo de gobierno quiere desprestigiar nuestros años al frente del consistorio. Se ha levantado el secreto de sumario y los agentes buscan apuntes contables sin concepto. Estoy convencido que aparecerán los documentos que justificarán los movimientos», afirmó.
Defendió su gestión y destacó: «En los 19 años que estuve en el Ayuntamiento hice muchas cosas, en algunas no seguí el procedimiento adecuado, pero voluntariamente no se realizó nada contra el mismo». Recalcó sobre las irregularidades: «Puse mucho de mi bolsillo y las arcas municipales, después, me lo devolvían. Eran cantidades pequeñas, desconocía el procedimiento y espero que se despejen las dudas».
Torres avanzó que se investigan «muchos apuntes con defectos de forma» de personas relacionadas con el consistorio aquellos años, «trabajadores y concejales».
El Tribunal de Cuentas obligó recientemente a pagar 14.570 euros al exsecretario como reintegro de las transferencias que habría hecho a su cuenta sin «ninguna justificación desde la cuenta bancaria del consistorio». También investigan un descubierto cometido al justificar dietas y kilometraje en el año 2011.
La Sindicatura de Cuentas puso de manifiesto, tras una auditoría en el 2013, irregularidades en la gestión de las subvenciones de la Diputación y el PSPV denunció a Torres en el 2006 por falsedad en un documento público.
