La Conselleria de Educación da un «ultimátum» a la empresa Torrescámara, adjudicataria de las obras de ejecución del Regina Violant de Almassora, para que presente el acuerdo de rescisión del contrato, con el objetivo de desbloquear los trabajos y adjudicar de nuevo este proyecto, que debe culminar la construcción del colegio. Así de contundentes se pronuncian fuentes del departamento autonómico que encabeza Vicent Marzà, quienes aseguran que si la firma se niega, se denunciará vía judicial. «Si la compañía no da este paso, está bloqueando el proceso y la nueva contratación sufrirá retrasos, lo que sería una irresponsabilidad por parte de la misma cara a la comunidad educativa del Regina Violant, que se merece tener una escuela nueva», explican desde Conselleria.

«Por el bien del alumnado, la mercantil debería firmar ya un pacto de rescisión de acuerdo antes de tener que llegar a los tribunales», añaden desde Educación, y consideran que la respuesta de Torrescámara debe ser «inminente» para no alargar más el bloqueo de las obras.

El anuncio del Consell se produce después de que la asociación de padres de alumnos (AMPA) del colegio denunciara de nuevo la paralización de los trabajos. «Nuestros hijos no han podido abandonar las instalaciones provisionales en las que llevan 11 años en el plazo que estaba previsto, que era después de navidades», apuntan los padres, que exigen una reunión formal con el conseller de Educación con el fin de tratar de obtener respuestas claras a sus reivindicaciones. «La AMPA no va a dejar de movilizarse para conseguir llegar a cuantos más medios mejor con el fin de que se conozca la situación en la que estudian nuestros hijos», dicen los padres de los alumnos.

CONSISTORIO // Por su parte, desde el Ayuntamiento resaltan que el estado del proyecto sigue supeditado a la paralización impuesta por la constructora, como indican los técnicos municipales encargados de la dirección de obra. El consistorio reclama el desbloqueo y que se retomen los trabajos. «Es más que urgente reanudarlos para no alargar el sufrimiento de las familias», insiste la alcaldesa, Merche Galí.

La adjudicataria exigió a la Generalitat valenciana un modificado de obra por importe de 1,2 millones de euros, lo que fue denegado por el departamento autonómico de Educación. Las obras, que empezaron en junio del 2016, tenían un plazo de ejecución de unos 18 meses, pero la mercantil las ralentizó a principios del ejercicio pasado.