La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, dio ayer un ultimátum a la Generalitat valenciana antes de reclamar judicialmente la deuda de Villa Elisa que mantiene desde el ejercicio 2008 con el consistorio. Y es que, según aseguró la munícipe, el Consell «no ha incluido la partida en los presupuestos, ni ha tomado ninguna iniciativa que prevea el pago».

La munícipe ha remitido una solicitud de entrevista al conseller de Cultura, Vicent Marzà, para solicitarle información sobre el pago de esta deuda por las obras del palacete, que asciende a 1.452.602,49 euros. Y recordó que en los últimos años se ha reunido en diversas ocasiones con responsables de este departamento autonómico, «sin que sus compromisos se hayan cumplido nunca hasta la actualidad».

«Tras la ruptura constante de las promesas de la Generalitat, el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que se daba un ultimátum al gobierno valenciano», recordó la primera edila.

El texto conjunto recogió la exigencia al Consell del reconocimiento de la deuda pendiente «y que lo hiciera con la voluntad de desembolsar el dinero en el plazo de un año», apuntó Marqués. Sin embargo, la alcaldesa sentenció que «la Generalitat sigue sin dar señales de la posibilidad de su devolución o de la elaboración de un plan de pagos plurianual».

Por ello, el objetivo de la entrevista con el conseller es «clarificar qué sucede con la deuda y en caso de que sigan dando largas, se dará cumplimiento al mandato plenario y se iniciarán los trámites judiciales para reclamar el dinero por el juzgado», aseguró.

Cabe recordar que en septiembre del 2016 Marzà manifestó que la deuda se pagaría de manera plurianual y con un compromiso de abono calendarizado y oficial, el primero ya en el ejercicio del 2017, en los presupuestos de la Generalitat valenciana.

ALTERNATIVAS A LA GESTIÓN

La declaración institucional del Ayuntamiento recogía también la exigencia de que se retomaran las obras o que, en el caso de no querer hacerlo, el consistorio benicense pueda dar por rescindido el contrato y que el municipio pueda buscar alternativas para la rehabilitación de la villa y su gestión cultural y patrimonial.