El pleno del Ayuntamiento de Burriana aprobó ayer la resolución de la condición de agente urbanizador a la mercantil Urbanizadora Golf Sant Gregori con el voto favorable de 10 concejales del equipo de gobierno --Javier Gual se apartó de la sesión por entender que tenía intereses en el proyecto--, cinco ediles del PP --no asistieron dos representantes por cuestiones laborales-- el de Ciudadanos y la única abstención de los dos ediles de Cibur.

La empresa, por su parte, trató de posponer la celebración del pleno y, tras el mismo, anunció que ya estudia “vías legales” contra la decisión tomada por el consistorio y también una demanda para anular la sesión plenaria de ayer y, por lo tanto, dejar sin efecto el acuerdo que se ha tomado.

La reunión municipal comenzó tratando varias recusaciones presentadas por la mercantil. Por una parte, el jueves, había presentado una contra la alcaldesa, Maria Josep Safont, que la secretaria municipal decidió rechazar y también no esperar a que se realizara la prueba que proponía la firma y seguir con la sesión plenaria. Por otra, se había presentado otra recusación contra otros tres ediles (el de Urbanismo, Bruno Arnandis; y los portavoces del PP y Ciudadanos, Juan Fuster y María Jesús Sanchis, respectivamente) de las que la secretaria dijo no tener el original y, “por lo tanto”, cree “que no se tiene que tomar en cuenta”. Tras un pequeño receso, los portavoces decidieron seguir el dictamen de la funcionaria y continuar la reunión.

TRAMITACIÓN // La urbanizadora Golf Sant Gregori, por su parte, defiende que la recusación contra tres ediles “no se tramitó cuando sí que se tenía que haber hecho antes del pleno”, y afirmó que este será uno de los puntos con los que tratará de anular el plenario.

Otro de los motivos es la negativa por parte del consistorio a la hora de facilitar a la mercantil el informe externo contratado por el Ayuntamiento y “sobre el que se ha basado la decisión de este para rescindir el contrato”.

Además, la compañía aseguró que su departamento jurídico ya dispone de un anteproyecto con las posibles medidas legales a tomar para defender sus intereses y los de los propietarios afectados en el caso de que la anulación del pleno no sea aceptada por el consistorio burrianense. H