El equipo de gobierno de la Vall d’Uixó aprobó ayer, en el pleno del mes de octubre, una modificación de la ordenanza que regula el IBI de urbana para aplicar la rebaja del 4% del valor catastral de las viviendas autorizada por la Dirección General de Catastro, aunque con el matiz de un ligero aumento del coeficiente municipal que grava este impuesto, pasándolo del 0,85 al 0,875. De este modo, finalmente, todo ello se traducirá en una reducción aproximada de los recibos del 1,20%, como defendió el concejal de Hacienda, Javier Ferreres.

El portavoz económico del consistorio matizó: «No nos podemos permitir bajadas más significativas, a efectos de recaudación municipal, sin poner en peligro el equilibrio presupuestario». De hecho, apeló a un informe del Interventor en el que «señala que incluso ese descenso no se debería producir», pero desde el tripartito consideran que este es el camino que han iniciado y que pretenden «seguir», dijo.

Con todo, Ferreres recordó que, teniendo en cuenta las diferentes reducciones que se han ido acumulando sobre el IBI desde el año 2015, el Ayuntamiento ha dejado de ingresar 1.042.000 euros.

DESACUERDO / En este punto, el tripartito no contó con el apoyo del principal grupo de la oposición, el Partido Popular, desde donde se muestran más predispuestos a reducir el coeficiente municipal de manera más significativa sin tocar el valor catastral de las casas, porque «supone devaluar las mismas», explicó su portavoz, Elena Vicente-Ruiz.

El edil de Hacienda no dejó pasar la oportunidad de recordarles que las mayores subidas de este impuesto se produjeron entre 2007 y 2015 y llegó a calificar ese periodo como «los ocho años negros del IBI», ya que se pasó de recaudar unos cinco millones de euros, a cerca de 11,5 millones.

Ferreres aseguró que con esta acusación no están intentando justificar que no puedan «bajar más la contribución», pero sí que consideró importante recordar que el Ayuntamiento tiene que amortizar cada año un millón de euros por el préstamo de ocho millones que pidió el gobierno del PP para pagar a proveedores y que, en su opinión, lastra la gestión municipal actual.

En cuanto al resto de puntos del orden del día, la aprobación del reglamento de organización municipal (ROM) no contó con el apoyo del PP, que no está de acuerdo con que Som la Vall, «con un solo concejal, tenga grupo propio», concluyó Vicente-Ruiz, quien señaló este como el único punto de la propuesta del tripartito que ha impedido que se acuerde por unanimidad.