La Vall d’Uixó ha frenado alrededor de 90 expedientes de desahucios conocidos a través del servicio de mediación hipotecaria en los últimos 15 meses, si bien la pretensión de la Concejalía de Vivienda, que encabeza Carmen García, va más allá y contempla reclamar las más de 300 viviendas vacías propiedad de la banca que existen en el municipio para alquiler social. García lanzó la propuesta, que se enmarca dentro del protocolo antidesahucios aprobado por el equipo de gobierno hace un año, pero que, a día de hoy, no ha conseguido su objetivo. “Hemos logrado parar procesos y ejecuciones hipotecarias que se encontraban en marcha pero, por contra, ningún banco ha cedido ni un piso de los que tienen cerrados para la red de alquiler social municipal”, explicó la responsable del área, que recuerda que algunas de las viviendas se encuentran inhabitadas desde hace más de un lustro.

“Vamos a retomar las negociaciones con las entidades bancarias para que puedan participar y se impliquen en la mesa de negociación”, comentó García, que apuntó que “todo sería más fácil” si se aplicara la ley para la Función Social de la Vivienda en la Comunitat, que contempla, en relación con los desahucios, que si se diera el caso de que la entidad financiera se niega a formalizar un contrato de alquiler con opción a compra a personas en situación de emergencia, el Consell podrá iniciar un procedimiento expropiatorio al banco.

En el primer pleno celebrado en julio del 2015, tras ponerse al frente del Ayuntamiento, el equipo de gobierno aprobó el protocolo para declarar la ciudad libre de desahucios, un acuerdo que tiene 15 puntos. Entre ellos, destaca el que declara el municipio contrario a los desalojos forzosos por motivos económicos y sin alternativa habitacional. Y se sumó al protocolo provincial elaborado por el Colegio de Procuradores, la PAH de Castellón y la Vall; y la Unión de Consumidores.

Ante los expedientes de desahucios recibidos, “el primer paso es buscar una solución como la dación en pago o una refinanciación de la hipoteca”. Los objetivos principales son evitar el desahucio y conseguir que los afectados no arrastren la deuda de forma perpetua. Asimismo, el consistorio ofrece un servicio de asesoramiento hipotecario. H