El pleno de la Vall d’Uixó aprobó ayer las conclusiones de la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular local en la campaña electoral en la que Isabel Bonig era la candidata a la alcaldía, como paso previo a llevar ante la Fiscalía esta cuestión.
Todos los grupos municipales, a excepción del Partido Popular, coincidieron en la necesidad de judicializar esta causa para que se dirima sobre la legalidad de lo aportado durante la investigación. Los populares votaron en contra porque, como argumentó su portavoz, Elena Vicente-Ruiz, no descartan la presentación de un recurso.
Una vez más, el presidente de la citada comisión, Óscar Langa (Som la Vall), expuso que del trabajo realizado durante los últimos dos años se desprende que «en todos los asuntos investigados hay responsabilidades políticas e indiciariamente judiciales».
En relación a estas últimas, el portavoz del PSOE, Jorge García, no quiso dejar pasar la oportunidad para dar lectura pública a un par de correos electrónicos que, según afirmó, serían «probatorios». En uno de ellos, fechado en febrero del 2011, el director de la empresa encargada de realizar la web del PP local, Webtronics, se pone en contacto con un responsable de la mercantil supuestamente implicada en este caso de financiación ilegal, Imesapi, para comunicarle, como se transcribe textualmente: «Necesitamos cuenta bancaria para hacer el cargo» de un importe «de 1.995 euros más IVA de proyecto web, el registro del dominio www.pplavall.es y el Hosting tienen un coste de 25 euros el registro y 15 euros mensuales de Hosting, que facturaremos de forma anual».
Este mensaje forma parte de toda una relación de mails intercambiados entre ambas personas, pero también con el presidente del Partido Popular en aquel momento, Vicente Aparici y quien fuera responsable de prensa de Isabel Bonig. Relacionándolos, se constataría la intermediación de los últimos para que se concretara el acuerdo y el pago entre los primeros.
Elena Vicente-Ruiz argumentó que el equipo de gobierno habría iniciado una «causa general» contra su partido con la única intención de «embarrar». Además, adujo que «ninguna de las conclusiones alcanzadas es determinante». Sin embargo, al menos en una ocasión, no dudó en señalar que «ninguna de las personas implicadas está actualmente en el grupo municipal», en relación evidente a Aparici.
Sin embargo, los portavoces del tripartito y de Som la Vall señalaron hacia Óscar Clavell e Isabel Bonig como «responsables políticos». Recordaron que la investigación llevó a otros casos de dudosa legitimidad, como el de la escultura del toro que, en un principio se dijo que Imesapi había regalado a la localidad y que en realidad se pagó, como demostrarían facturas aportadas.
