A mediados del año 2016, el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó abonó los más de 220.000 euros que costó una obra de urbanización en los accesos al barrio Toledo, ejecutada los primeros meses del 2015. Según ha podido saber Mediterráneo, este sería otro caso de una factura más guardada en el cajón, si no fuera porque, según la edila de Urbanismo, Francesca Bartolomé, la intervención se realizó «sin proyecto, sin reserva presupuestaria y sin supervisión de técnicos municipales».

Esta fue una de las «sorpresas» con las que se encontró el equipo de gobierno, formado por PSOE, EUPV y Compromís, tras su toma de posesión hace casi cuatro años. Las empresas que habían llevado a cabo las reformas acudieron al Ayuntamiento para cobrar. «Cuando preguntamos al personal de Urbanismo, nadie sabía nada al respecto. No había constancia oficial salvo la propia obra», como detalla la concejala.

«OPACIDAD» / Para la actual responsable del departamento municipal implicado, en la trastienda de lo que pasaría en otras circunstancias por una deuda demorada, «hay una serie de irregularidades que pondrían de manifiesto la absoluta opacidad con la que el Partido Popular ha gobernado en esta ciudad», indica.

Una de las interrogantes que se abren, según Bartolomé, «es el fraccionamiento de las facturas para no verse obligados a realizar un concurso público, de acuerdo con la ley de contratación».

Otra de las cuestiones que genera dudas al tripartito es la compañía a la que se contrató su desarrollo, Imesapi --que después subcontrató a una local--. Se trata de la misma que estuvo involucrada en la polémica y mediática donación de la escultura del toro, que el actual equipo de gobierno considera probado que fue sufragada por el municipio. Tras el proceso del barrio Toledo, por lo tanto, según la edila, habría una «adjudicación a dedo» para beneficiar a esa firma en concreto, involucrada en la supuesta financiación ilegal del PP cuando Isabel Bonig era la candidata a la alcaldía.

Y otra de las decisiones cuestionadas fue dejar a un lado a los técnicos municipales para poder llevar a cabo «con prisas» una actuación que «acabó tan encima de las elecciones del 2015 que no pudieron siquiera inaugurarla, por lo que era claramente electoralista», remarca Bartolomé.

La decisión del ejecutivo actual fue «pagar la deuda a la constructora local porque, al fin y al cabo, había realizado el trabajo», aunque la concejala asegura que «todavía se le debe una factura de esa obra, de enero del 2015».