El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó tendrá que hacer frente a las cotizaciones de las cerca de 500 personas que realizaron trabajos sociales a cambio de recibir la prestación económica individual (PEI), después de que así lo haya establecido la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Esto supondrá “pagar 150.000 euros”, según explica el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Sociales, Antoni Llorente.
Fue en marzo del pasado año cuando “se llevó a cabo una inspección y ahora nos piden que demos de alta en la Seguridad Social a todos estos vecinos que realizaron estas tareas”. Actualmente, se están tramitando los expedientes de contratación de todos ellos, “con la carga de trabajo que eso conlleva para los departamentos de Personal y de ámbito social”, según el edil.
La situación se remonta a la anterior legislatura, cuando “se aprobó la ordenanza que establecía la obligatoriedad de realizar trabajos sociales a cambio de estas ayudas económicas para cubrir necesidades básicas”, señala Llorente, quien recuerda que tanto el PSPV como EUPV, que entonces estaba en la oposición, votaron “en contra” porque ya advertimos “ciertas cuestiones de dudosa legalidad”. H
