El equipo de gobierno de la Vall d’Uixó ha decidido vender los terrenos que protagonizaron el caso Almalafa. Así se ha plasmado en los presupuestos del 2020, en los que se recoge la previsión de ingreso de la cantidad con la que los técnicos municipales han valorado este polémico suelo, un total de 871.500 euros.
De esta forma, el tripartito quiere cerrar el último episodio urbanístico heredado de los gobiernos populares de Isabel Bonig y Óscar Clavell, que motivó la imposición de una indemnización de 1,6 millones de euros, tras un controvertido proceso en el que gobierno y oposición se responsabilizaron de la sentencia condenatoria por la no personación en el juicio del letrado que defendía los intereses municipales.
DESENLACE INEVITABLE / El asunto fue debatido en el último pleno del año. El portavoz del PP, Herminio Serra, afeó al tripartito la venta de patrimonio público para poder pagar el problema de ingresos que arrastran las cuentas. La respuesta de la alcaldesa, Tania Baños, fue un ataque en toda regla. Apuntó a sus antecesores en el cargo, a quienes señaló como únicos responsables de «otro pufo» que le ha costado casi dos millones de euros a los vecinos.
El Ayuntamiento ha abierto el expediente para iniciar la venta de un suelo que, en el año 2009, justificó la firma de un contrato entre el consistorio y una empresa urbanizadora --Almalafa-- para el desarrollo de los 3.046 metros cuadrados disponibles entre la pista de atletismo y la Colonia San Antonio. El objetivo era desarrollar esta zona residencial, para lo cual, la mercantil se comprometía a pagar 518.108,23 euros por la adquisición de la parcela y 587.933,01 euros por las cuotas de urbanización. Además, invertiría 400.000 euros en distintas obras en concepto de mejoras.
La parte del Ayuntamiento en el proyecto consistía en conceder licencia de obras en un plazo de cuatro meses desde la firma del contrato, algo que no sucedió. A pesar de ello, Almalafa ejecutó parte de esas mejoras «por indicación del concejal de Urbanismo, Óscar Clavell», como declararon en el juicio. El tiempo transcurrió y la empresa, que no veía avances, llevó el conflicto a los tribunales. La sentencia fue contundente: la Vall d’Uixó debía abonar al denunciante «el valor del terreno, las cuotas de urbanización, el coste de las mejoras realizadas y los intereses», como explicó en su día la alcaldesa.
Según fuentes municipales, a principios de año, la propuesta de venta se subirá a la plataforma de contratación del Estado y «por ley saldrá a subasta». Como indica el PGOU, el comprador solo podrá construir en la zona viviendas, que es para lo que está reservado ese terreno.
