Entre los vecinos de la Marjaleria de Nules, tras el anuncio de que la salvación de sus viviendas frente al derribo podría estar más cerca, se ha extendido la cautela. Aunque les aseguran que la nueva ley urbanística valenciana podría regularizar su situación después de más de una década de incertidumbre, lo cierto es que son prudentes a la hora de confiar en una solución que les habían prometido muchas veces.

El alcalde, David García, no dejó margen para la duda en su anuncio de hace un par de días: la Conselleria abre la puerta a la regularización en dos casuísticas: las casas agrupadas en núcleos consolidados y las diseminadas. Para todas ellas, con un trámite diferente, el Plan Especial es la respuesta. El borrador de este documento que regulará las usos de esta zona protegida será la clave para que el Consell deje de tramitar multas coercitivas y paralice los expedientes de restauración de la legalidad urbanística.

Ante este panorama, quienes se encuentran en una de esas dos situaciones, se están limitando a esperar un poco más. Al menos hasta la reunión convocada por el Ayuntamiento el 7 de marzo.

El principal interrogante se mantiene entre quienes, aconsejados por el mismo abogado, denunciaron a la Generalitat y perdieron. Unas 50 familias tienen una sentencia que ordena el derribo de sus propiedades. Según explicó una de las afectadas, a pesar de ello, no pierden la esperanza. «Sabemos que en otros pueblos están tratando de revertir esta situación y en eso confiamos. Entendemos que para eso haga falta una tramitación distinta a la del resto, pero confiamos en que sea posible», señaló.