La Junta de Coordinación del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vila-real ha decidido iniciar un expediente con el objetivo de prohibir las peñas dejando sin autorización municipal estos locales de reunión regulados en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, ha detallado el consistorio en un comunicado emitido este miércoles.

Según esta ordenanza, se considera peña "cualquier local ubicado normalmente al casco urbano, principalmente en bajos, cocheras, casas antiguas y otras edificaciones parecidas, donde se reúnan varias personas, generalmente con motivo de las fiestas patronales, principalmente con fines de ocio, culturales, recreativos o gastronómicos, sin ánimo de lucro, en cualquier hora del día, aunque sobre todo por las noches. Se extiende el concepto de peña a las utilizadas fuera del periodo de fiestas, especialmente los fines de semana".

Esta normativa fija, asimismo, que estas peñas "sin perjuicio del derecho de reunión a que hacen referencia la Constitución Española y el artículo 2 de la Ley Orgánica 9/83, tienen que ser autorizadas e inscritas en un registro municipal".

En la actualidad, el Ayuntamiento cuenta con un total de 583 peñas inscritas en dicho registro y, según apunta la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvia Gómez, desde el 1 de junio hasta el 19 de agosto, la Policía Local ha registrado un total de 25 incidencias por molestias ocasionadas por la reunión de personas, especialmente jóvenes, en estos locales, conocidos como casales."Nos preocupa esta situación y las consecuencias que pueda tener en la evolución de la pandemia si las personas que se reúnen no cumplen con las medidas de prevención", ha asegurado Gómez.

En este sentido, el alcalde de la ciudad, José Benlloch, ha remarcado que una vez entre en vigor el decreto para la prohibición de las peñas, estos locales ya no contarán con la autorización municipal prevista en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y por tanto "si se producen reuniones de personas ya será bajo su responsabilidad y la de los propietarios del local".

El decreto tomará como base la resolución de 17 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, para la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente al covid-19.