El Ayuntamiento de Vila-real reclamará a la Generalitat ampliar las ayudas a los autónomos, así como la creación de una segunda convocatoria de subvenciones, con el fin de que el dinero presupuestado inicialmente por el Consell «llegue a todo un colectivo, muy afectado en o económico por la crisis originada por la pandemia del coronavirus».

La petición, presentada a través de una moción del PP --que se amplió con una aportación del grupo de Ciudadanos--, contó con el voto favorable del resto de grupos políticos con representación en el consistorio (PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos, Vox y Unides Podem). Al respecto, el portavoz de los populares, Héctor Folgado, justificó la necesidad de que el Consell dé forma a una segunda línea de ayudas, ya que la primera convocatoria, dotada con 57 millones de euros, «únicamente puede atender el 30% de las solicitudes».

No corrieron la misma suerte las propuestas presentadas por Vox y Compromís, que también apostaban por otras acciones relacionadas con los efectos negativos que la crisis sanitaria provoca en las economías familiares.

En este sentido, la formación ultraderechista reclamaba que se bonificara el 95% de la cuota que quienes venden propiedades urbanas deben satisfacer al Ayuntamiento, lo que representaría que las arcas municipales dejaran de ingresar en torno a un millón de euros. El partido liderado en Vila-real por Irene Herrero únicamente contó con el apoyo del PP, mientras que socialistas, Compromís y Ciudadanos votaron en contra, entre otras cosas, porque la moción pretendía evitar el pago de las obligaciones fiscales por traspaso de propiedades a todos los beneficiarios, independientemente del valor catastral de las parcelas o las viviendas.

El alcalde, José Benlloch, calificó la iniciativa de Vox de «demagógica» e invitó a Herrero a que acompañara al documento «de dónde recortamos ese millón de euros que ya está consignado en el presupuesto para hacer frente a diferentes partidas».

Además, los portavoces de Ciudadanos y de Unides Podem, Domingo Vicent y José Ramón Ventura Chalmeta, recordaron que ya se aprobó una propuesta similar en el 2019, en la que se bonificaba, en el caso de herencias, el 50% del pago a los cónyuges y el 20 % en los descendientes.

SIN SALIDA // Tampoco salieron adelante las mociones defendidas por Compromís para instar al Gobierno central a regular los precios de los alimentos básicos y para eliminar la regla de gasto para ampliar las posibilidades de los ayuntamientos a invertir en la recuperación económica de los municipios tras la pandemia.

Por otra parte, el pleno dio ayer el visto bueno --con el voto favorable del PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos y Unides Podem; y la abstención del PP y Vox-- a la resolución definitiva del PAI UHI-2, que hubiera supuesto el desarrollo de una superficie de unos 140.000 m2 de suelo de tipo industrial junto a la depuradora mancomunada.

El concejal de Territorio, Emilio Obiol, explicó que la decisión de dejar sin efecto este programa urbanístico «se toma de mutuo acuerdo con la urbanizadora y con los propietarios de terrenos, a causa de las dificultades que se han sucedido para ejecutarlo».

Al respecto, Obiol destacó que este es el décimo PAI resuelto en los últimos años --se refirió, por ejemplo, a los de Solaes, el del camino Betxí, Pla Redó, Zirconio o la Ciudad del Azulejo-- y que suman «en torno a tres millones de metros cuadrados de suelo». Una acción que, dijo, «desactiva las bombas de relojería que dejó el PP», Y añadió: «Este es un campo de minas que aún está ahí, porque todavía no se han acabado los mondongos urbanísticos de los últimos ejecutivos del PP en Vila-real».

La medida obliga a devolver 270.000 euros del aval del PAI.