El Ayuntamiento de Vinaròs aprobó ayer en el pleno una solicitud de adhesión al Fondo de Impulso Económico 2020 para poder hacer frente a dos pagos de sentencias, una referente al PAI SUR 14 y otra de 67.000 euros. La primera, por la que deberá abonar 439.000 euros, corresponde a la devolución de las cuotas de urbanización a un propietario del programa SUR 14, conocido como PAI del Vinalab o Verdera. El consistorio ya tuvo que abonar a principios de año 1,2 millones a otro dueño tras darle la razón el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Castellón.
La oposición fue muy crítica con el equipo de gobierno en este punto, acusándolo tanto PP como PVI a través de sus portavoces, Juan Amat y Maria Dolores Miralles, respectivamente, de no haber recurrido la primera sentencia recibida sobre este PAI.
Ambos partidos señalaron que hay más propietarios que han recurrido para que se les devuelvan las cuotas de urbanización, por lo que habrá más sentencias desfavorables. Amat aseguró que los pagos que deberá realizarse por la paralización de este PAI podría a alcanzar la cifra de 2,4 millones más, al haber litigios pendientes de resolución por esta cantidad.
mantenimiento de jardines // La segunda sentencia, cuyo importe supera los 67.000 euros, corresponde a otro recurso que interpuso la empresa Fobesa cuando el Ayuntamiento adjudicó en el 2013 el contrato de mantenimiento de jardines a otra empresa. El juez consideró que dicha adjudicación no estuvo motivada y se deberá abonar a la firma el 6% del total del contrato, que ascendía a más de 1 millón de euros. La oposición lamentó que el ejecutivo local no hubiera hecho frente a este fallo con los fondos del Plan de Contingencia para evitar el pago de intereses.
Por otro lado, el pleno aprobó por unanimidad que el concejal Carlos Ramírez que por desavenencias con su partido, el PVI, fue al grupo mixto, pase a ser un concejal no adscrito.
