La propuesta de acuerdo del convenio singular entre el Ayuntamiento de Orpesa y la mercantil Comercializadora Mediterránea de Viviendas SA (Comervi) salió adelante ayer, en un pleno extraordinario, con los votos a favor del PP y Ciudadanos. El documento establece un plan de pago para la deuda que la empresa, que entró en concurso de acreedores, mantiene con el Ayuntamiento.

El único punto del orden del día, con carácter urgente, fue aprobado con la abstención de Compromís y de la edila de Sí Se Puede; y los votos en contra del PSPV, gracias al visto bueno de Ciudadanos, después de que no pudiera salir adelante en una sesión anterior por no alcanzarse la necesaria mayoría absoluta.

Este «sí» marca un plazo de siete años para que la empresa abone a las arcas municipales la cantidad íntegra de 2.788.313 euros en concepto de créditos privilegiados, a través de importes mensuales que irán de alrededor de 28.000 hasta los 34.000 euros.

Por otra parte, Comervi acumula otros 1.817.000 euros de débito con el consistorio en concepto de créditos ordinarios y subordinados, cuyo método de abono aprobó la junta de acreedores pero que está pendiente del «sí» del juez. Antes de que dicte sentencia se debe firmar el convenio singular, según explicó ayer el alcalde orpesino, Rafael Albert.

El primer edil también indicó que desde que la mercantil entró en concurso de acreedores se ha sumado una deuda de 243.782 euros, cuyo ingreso es un requisito indispensable para que se pueda aplicar el citado acuerdo.

ESTUDIO // El pleno fue convocado ayer por la mañana de forma urgente a raíz de la solicitud del grupo Ciudadanos, que presentó un escrito tras haber estudiado con más detenimiento el plan.

Albert manifestó estar «satisfecho» porque cree «que los grupos han entendido que este convenio es beneficioso para el pueblo». «Velaremos por su cumplimento», afirmó. Según apuntó el munícipe, «todo es lo mismo que en la sesión pasada». «Pero, como dije, no tenía ningún inconveniente en volver a convocarla si así lo requería algún partido, porque es necesario para el consistorio».

Compromís también cambió su voto, que pasó de ser en contra a la abstención. El edil de la formación, Josep Lluís Romero, indicó que gracias a la oposición han «mejorado el expediente, pues faltaba un informe de intervención». Un hecho que agradeció, por su parte, el alcalde.

Aún así, la portavoz de Ciudadanos, Araceli de Moya, lamentó que ni «el PSPV ni Compromís han sabido estar a la altura de las circunstancias», después de no haberse posicionado a favor. De Moya señaló que de no aprobarse este plan de pagos habría que haber ejecutado los bienes de la empresa «y no se cubriría la deuda».

Asimismo, declaró que hay que «garantizar la continuidad de la mercantil para que mantengan su puesto los trabajadores y no se frene la economía». «Es beneficioso para el Ayuntamiento y para los ciudadanos», sentenció.

Fernando Domínguez (PSPV), argumentó que se propone «la cancelación de garantías y deben devolverse según los intereses de los vecinos, en el orden opuesto al que prevé el documento».