La exconsellera de Turismo del Gobierno de Francisco Camps Milagrosa Martínez (PP) ha sido condenada a 9 años de cárcel y los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, a 13, por las irregularidades en la contratación del expositor de la Generalitat en la feria Fitur.

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Según consta en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, hecha pública este viernes, también han sido condenados a penas de prisión otros responsables de la red Gürtel, como Álvaro Pérez "el Bigotes", 12 años y 3 meses, Isabel Jordán, 6 años, Cándido Herrero, 4 años y 4 meses, y Mónica Magariños, 3 años.

El exjefe de gabinete de la consellera Martínez, Rafael Betoret, también ha sido condenado a 6 años de prisión, y los ex altos cargos de la Conselleria de Turismo Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau a 7, 4 y 3 años, respectivamente.

La exconsellera de Turismo Angélica Such y el exjefe de servicio en la Agencia Valenciana de Turismo Juan Bover han sido absueltos.

En la sentencia, de 558 páginas, se condena a 11 de los 13 acusados por delitos de asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, falsedad y cohecho, y se determina que el grupo Correa se creó ex profeso para manipular concursos públicos y lucrarse aplicando márgenes desproporcionados, duplicando partidas y facturando gastos inexistentes.

Asimismo, se concluye que la Conselleria de Turismo entre los años 2005 y 2009 alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del grupo Correa, a las que facilitó información privilegiada.

El Tribunal considera probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener contratos de la Generalitat en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las ediciones de Fitur entre 2005 y 2009) tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.

La sala entiende que el grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios.

También que las mercantiles de Correa carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros.

De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes.

Tales importes eran admitidos por la Administración Autonómica (Agencia Valenciana de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Territorio y vivienda y Conselleria de Infraestructuras y Transporte), que "no solo no llevó un control efectivo de los pagos sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa".

Estas mercantiles, según recoge la sentencia redactada por el magistrado Juan Climent, tenían información privilegiada: conocían por anticipado las condiciones de unos contratos públicos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.