Acció Cultural (ACPV) elevó ayer al Consell un documento en el que propone diversas mejoras al borrador de anteproyecto de ley de la función pública valenciana presentado por de justicia, entre las que destaca que, una vez garantizado que la norma contemplará el requisito de la competencia lingüística para acceder a una plaza o a promocionar internamente, «es necesario concretar qué conocimientos hay que acreditar». Reclama, además, que la ley «sea de aplicación práctica al año de su aprobación».
El responsable de Política Lingüística de ACPV, Ferran Suay; y Toni Gisbert, secretario de la entidad, hicieron públicos los cuatro principios «básicos» para el proyecto. Piden que «el borrador esté en castellano y valenciano», eliminar los supuestos para la provisión de la acreditación «cuando no constituya requisito», y que concrete los conocimientos a demostrar, además de implementar «la lengua de signos».
Reclaman «diálogo y consenso» como «método de trabajo, para garantizar la estabilidad de un Govern plural», en alusiones a la brecha abierta entre los socios del PSPV y Compromís por los requisitos. Además, Acció Cultural enfatiza en que «el objetivo de la ley es garantizar que ningún valenciano sea discriminado por razones de lengua en su trato con la Administración pública». Suay y Gisbert valoraron en «positivo» que la ley pida el requisito lingüístico, aunque con peros.
