La Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció presta protección a un total de 19 denunciantes de casos de corrupción, la mayoría funcionarios, y tiene abiertos 300 expedientes de análisis y de investigación de conductas de dudosa legalidad.

Así lo asegura el director de la Agencia Antifraude, Joan Antoni Llinares, quien presentó ayer, durante más de dos horas y media, la memoria anual correspondiente al ejercicio del 2018 en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts.

Llinares destacó la importancia que tiene para la prevención de la corrupción el hecho de que aquellas personas que, por su profesión o vivencia, contemplen actos corruptos o malas prácticas «lo denuncien y no les pase nada», ya que hasta ahora quienes daban este paso quedaban sometidos «a una serie de represalias o marginaciones que son intolerables». En este sentido, destacó que la Comunitat se ha adelantado a todos los territorios del Estado, pero también a Europa, al contar «con una legislación que establece la protección de las personas que denuncian la corrupción». Señaló que en estos momentos la Agencia tiene un total de 19 personas protegidas, la mayoría de ellas funcionarias, aunque hay otras que se están tramitando, lo que a su juicio demuestra que «hay mucho por hacer».

Dijo que la Agencia, que tiene abiertos ahora 300 expedientes, es «una vía de tranquilidad».