La sección segunda de la Audiencia de Alicante ha confirmado el procesamiento del alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, y dos de sus asesores por supuesta prevaricación y usurpación de funciones en el denominado caso Comercio.
La causa judicial está relacionada con el presunto fraccionamiento de 14 facturas por trabajos y servicios vinculados a la gala de comercio de la Navidad de 2016 y a la promoción de los mercados municipales, por un importe total de 144.160 euros.
La magistrada entiende que las contrataciones «debieron realizarse legalmente a través de concurso público» y su fraccionamiento convirtió la actuación del ayuntamiento en «arbitraria», ya que benefició profesionales elegidos «por propia voluntad, con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia».
Tanto el alcalde -también investigado en otra causa por supuesta prevaricación: por el despido de una funcionaria- como los asesores deberán sentarse en el banquillo de los acusados por estas presuntas irregularidades.
El president de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha dicho en referencia al procesamiento de Echávarri que «se actuará en consecuencia a medida que avance el proceso». Por su parte, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha incidido en que «todos los gobiernos deben estar a la altura de las expectativas y necesidades de los ciudadanos y de las exigencias de transparencia y buen gobierno».
las REACCIones / Desde el Partido Popular han exigido la «dimisión inmediata» del alcalde de Alicante y han aseverado que si el munícipe no se va «en breve», tanto Puig como Pedro Sánchez «deben intervenir». Para los populares, el primer edil «ya no es digno de representar a los alicantinos» y desde la formación opinan que «este es un viaje del alcalde que ya no tiene retorno».
Compromís coincide con los populares en que Echávarri «no puede seguir ni un minuto más como alcalde». Así lo exige el portavoz en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, quien pide que el PSPV «tome cartas de una vez en este asunto».
Por su parte, Podem incide en que el primer en que el munícipe «ha de dimitir tras confirmarse su procesamiento» para concentrarse en «demostrar su inocencia, si puede».
