El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, se quedará en los próximos días sin sus dos socios del tripartito, Guanyar y Compromís, si antes no dimite a raíz de su procesamiento por una supuesta prevaricación en el fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio. De materializarse los anuncios de ambos partidos, el primer edil pasaría a dirigir un equipo de gobierno formado por seis concejales de los 29 de la corporación, mientras que en la oposición quedarían el PP (8), Guanyar (5), Ciudadanos (5), Compromís (3) y los dos no adscritos (una ex de Guanyar y otro ex de C’s).

La portavoz del grupo municipal socialista en Alicante y concejala de Turismo, Eva Montesinos, ha asegurado que la situación judicial del alcalde «no ha variado» y ha indicado que su partido continuará trabajando hasta el 2019. En un comunicado, Montesinos ha afirmado que «respetan» que sus socios de gobierno «decidan marcharse», por lo que hoy mismo procederán «al reparto de competencias delegadas de las diferentes concejalías».

críticas // Poco después de conocerse el procesamiento del alcalde y dos de sus asesores por esos contratos de la Concejalía en la etapa en la que él era el responsable del área, Guanyar ha confirmado que mantiene el ultimátum del día 15 antes de abandonar sus competencias si Echávarri sigue. El vicealcalde y portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha pedido al PSPV que mueva «sus resortes para forzar la renuncia de Echávarri» y proponer otro candidato socialista. De igual modo, ha solicitado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que exprese su opinión sobre el «espectáculo».

En este sentido, el portavoz de la ejecutiva del PSPV-PSOE de Valencia, Jorge Rodríguez, anunció ayer que «imagina que en las próximas horas o días se tomarán las decisiones al respecto».

Compromís ha acortado aún más los plazos y pasará a la oposición hoy mismo, después de que su portavoz, Natxo Bellido, hablara telefónicamente con el alcalde y este le confirmara que no tiene «intención de dimitir».

sin concurso // El auto de la jueza María Luisa Carrascosa contra Echávarri y los dos asesores Eduardo Díez y Pedro de Gea, que puede ser recurrido, se circunscribe a 14 facturas por trabajos y servicios relacionados con la gala de comercio de la Navidad del 2016, así como con la promoción de las ventas y los mercados municipales, por un importe de 144.160 euros. En su opinión, «dichas contrataciones debieron realizarse legalmente a través de concurso público en lugar de contrato menor, dándose un fraccionamiento de contratos» y acusa a los inculpados de «incumplir» la normativa a este respecto.