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el juez investiga si facilitó NÓMINAS para personas que no acudían luego a sus puestos

Alfonso Rus niega promover los contratos ‘zombis’ en Ciegsa

Buscan datos sobre el uso de fondos en la empresa que construía colegios. Afirma que gracias a su gestión se bajó el gasto de personal en 90 millones

 

Alfonso Rus, a su salida de declarar en los juzgados de Valencia. - MEDITERRÁNEO

VALENCIA
20/01/2017

El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus negó ayer haber promovido la contratación de personal en Ciegsa, entre 2004 y 2005, que realmente no acudía a su puesto de trabajo (conocidos en la causa como zombis) en su declaración ante el juez que instruye el conocido como caso Imelsa. En unas breves declaraciones a la salida del juzgado, Rus insistió en que el logró reducir el gasto en personal en 90 millones de euros en los ocho años (2007-15) en que estuvo al frente de la corporación provincial y negó haber promovido contrataciones en la citada empresa pública, dedicada a construir colegios y dependiente de la Conselleria de Educación.

Estas contrataciones, según sospechan los investigadores, habrían sido consumadas por el exconsejero delegado de Ciegsa y exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla (que también fue responsable de finanzas del PP de la provincia de Valencia y vicepresidente de la Diputación), por indicación de Rus, entonces presidente provincial del PP. Al parecer, los contratos se habrían realizado sin atender a los requisitos administrativos que venían establecidos en la normativa aplicable y sin que en realidad esa contratación, y la remuneración correspondiente, estuviera justificada por la prestación de servicios a la empresa.

INVESTIGADOS // Rus, Caturla y otras cinco personas están siendo investigadas en el marco de esta causa, que está abierta por los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude en la contratación.

Caturla también fue citado a declarar ayer como investigado en esta misma causa, una de las piezas separadas (la F) del conocido como caso Imelsa, en el que se investigan delitos de blanqueo, electoral y el cobro de comisiones desde diferentes administraciones controladas por el PP.

En el sumario del caso Imelsa consta un informe de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que dejan constancia de que Ciegsa, dedicada a la construcción de centros escolares, fue objeto de luchas internas en el seno del Partido Popular por hacerse con el reparto de comisiones.

El grupo especializado en delitos contra la administración de la Guardia Civil considera que hay indicios de la posible existencia de una estrategia de financiación autonómica del Partido Popular arraigada en la empresa pública Ciegsa, una conclusión que extrae básicamente de las conversaciones telefónicas mantenidas entre el entonces gerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, y el consejero delegado de Ciegsa entre los años 2003 y 2007, Máximo Caturla.