Apenas siete días después de que el expresident de la Generalitat, Francisco Camps, anunciara en rueda de prensa al aire libre su querella contra la jueza que le procesa por presuntas irregularidades en la construcción del circuito de Fórmula 1 (F1) en València, se conoció ayer la decisión de Anticorrupción de pedir que se cierre la causa contra el expolítico popular y contra el resto de exaltos cargos investigados en el mismo caso judicial, fundamenalmente, por falta de pruebas y por haber prescrito un supuesto delito de prevaricación.

Según consta en el escrito enviado al Juzgado, el fiscal se remite a un informe de la Intervención de la Generalitat en el que se señala que «no se constatan fehacientemente hechos o circunstancias que permitan apreciar, desde el ámbito competencial y de funciones de la Intervención, la existencia de perjuicio económico directo para la Generalitat».

Por otro lado, hace referencia a que, de las diligencias de investigación practicadas, «no se han obtenido indicios suficientes para estimar que los trabajos contratados en los expedientes administrativos analizados no se hayan realizado correctamente».

También subraya el fiscal Pablo Ponce el hecho de que «no se pone en cuestión si la obra ha sido realizada, si hubo sobrecostes, si eran ajustados técnicamente a las modificaciones o si se desvió dinero para otras finalidades», concluyendo que «no hay perjuicio económico alguno evaluable».

«Es público y notorio que el circuito fue construido y permitió la celebración del Gran Premio de Europa de F1 del 2008 al 2012 sin que se haya acreditado un uso indebido de los fondos públicos», agrega el fiscal en su escrito.

El citado informe de la Intervención deja claro que Camps tenía competencias legales para asignar a la Conselleria de Infraestructuras la responsabilidad de las actuaciones necesarias para la habilitación del circuito urbano. La Fiscalía expone que, si bien el relato de la investigación policial puso de manifiesto la existencia de indicios de delitos sobre tres supuestas adjudicaciones amañadas a la UTE Typsa-Ayesa, la última en septiembre del 2007, este tipo penal estaba sancionado con la pena de inhabilitación de siete a diez años y tenía un periodo de prescripción de diez años, es decir, que habría prescrito en septiembre del año 2017.