La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) alerta de la situación de «emergencia agraria» en la que se encuentran los campos valencianos, tras un 2019 «recrudecido a niveles sin precedentes» ante la «falta de diálogo suficiente, de una política definitoria, y una política científica y comercial eficientes». Así pues, insta tanto al Consell del Botànic, como al nuevo Gobierno central a escuchar los problemas del sector: «O consenso o muerte», sentencia la organización agraria.

Así lo puso ayer de manifiesto el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, durante un desayuno con los medios para hacer balance anual, acompañado del resto del Comité Ejecutivo de la organización. Subrayó que «hace falta pisar más la tierra y menos soñar, menos pensamientos idílicos y más proximidad».

Según Aguado, es «lamentable» que pese al año «tan duro» que ha vivido la agricultura valenciana, los políticos todavía «no se hayan dado cuenta» de su situación. Con una media de edad de más de 60 años, en una década el 80% del sector ya no estará y no habrá recambio generacional «si no cambia el modelo» y se adecua al siglo XXI, ha avisado.

En este sentido, lamentó que la pasada legislatura del Botànic fuera una etapa «perdida» en la que, a pesar de haberse aprobado dos leyes «importantes» como son la ley de l’Horta y la de modernización de estructuras agrarias, el dinero que se destinó para ejecutarlas hace que caigan en «papel mojado». El presupuesto para la Agricultura en general es «claramente insuficiente» y «no hay inversiones para objetivos a medio y largo plazo», agregó. Además, criticó la ingente «burocracia» que ralentiza las actuaciones.

De hecho, aunque se reunió en dos ocasiones con la consellera del área, Mireia Mollà, en sendos encuentros se dedicaron, dijo, a «hablar y hablar, pero no avanzamos». «Cuando acaba la reunión ¿qué me llevo? Ni un compromiso», afirmó Aguado, quien criticó también que el PSPV «renunciara» en su momento a poner en marcha un plan para el sector «consensuado» con las organizaciones agrarias, para poder cerrar los acuerdos del Botànic.

Pidió a Mollà que «se plante en Madrid y convenza al Gobierno de España para defender los intereses de los agricultores valencianos» y medidas para dejar de ser «líderes» en el abandono de campos en Europa, en baja renta, en baja inversión y en la más baja compensación de la Política Agraria Común (PAC).

Al Gobierno central también reprochó que los valencianos no reciban el dinero que les corresponde, ya que esta falta de financiación es un motivo que impide «emprender medidas valientes y atrevidas para cambiar algo».