La presión desde distintos estamentos del PP sobre Rita Barberá para que la exalcaldesa de Valencia diese explicaciones sobre el caso Imelsa, en el que están investigados todos los ediles populares en el Ayuntamiento de Valencia (excepto el independiente Eusebio Monzó), además de numerosos cargos de confianza de su mandato, surgió efecto a última hora de ayer.
La senadora del PP insistió anoche en que “ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia se ha amañado, ni ha habido ninguna mordida, ni desvío a financiación ilegal”. Barberá realizó estas declaraciones en un comunicado y aseguró que “las adjudicaciones”, durante los 24 años que fue alcaldesa, “no se han puesto en duda”. Según asegura en el escrito, quiere salir al paso de la “pública petición” por algunos miembros de su partido” y por “la presión de los medios de comunicación para que dé explicaciones de la situación judicial” que afecta al grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia.
Unas peticiones realizadas ayer tanto por el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, como por la presidenta del PP de la Comunitat, Isabel Bonig. Barberá manifestó que el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia decretó el secreto de sumario de los hechos en cuestión, por lo que asegura que las informaciones que se conocen “son meras filtraciones” sobre las que no debe “opinar ni comentar”.
Si aseveró que “si como al parecer informativo se mezcla el llamado caso Imelsa con el Grupo Municipal Popular de Valencia, afirmo, desde mi conocimiento, que nada tiene que ver entre ambos”. Del mismo modo, pide “no confundir prudencia y sosiego con atrincheramiento o desaparición”, pues sigue en su “casa saliendo y haciendo las tareas habituales”, finalizó. H
