El exconseller de Cooperación de la Generalitat Valenciana Rafael Blasco (PP) firmó ayer un acuerdo de conformidad solo con la Fiscalía Anticorrupción en el caso Cooperación y admitió los delitos de malversación de caudales, prevaricación y falsedad en la trama de altos cargos de la Administración y empresarios que supuestamente desvió cinco millones de euros públicos destinados a proyectos solidarios. Por este motivo, la Fiscalía rebajó de 16 a 3,5 años la petición de condena para Blasco, así como las de otros procesados tras llegar a un acuerdo de conformidad que rechazaron las otras dos acusaciones.
Según consta en un escrito emitido por el Ministerio Público, se «atempera» así la «respuesta penal al esfuerzo reparador realizado en fechas recientes por los diferentes acusados para resarcir total o parcialmente a las arcas de la comunidad autónoma de los perjuicios ocasionados».
En este proceso se enjuicia a 24 procesados por un delito de desvío de cerca de cinco millones de euros que deberían haberse destinado a once proyectos de cooperación internacional entre los años 2009 y 2011, entre ellos la construcción de un hospital en Haití después del terremoto que asoló el país en el año 2010.
Según detalló el fiscal, además de admitir los delitos de malversación, prevaricación y falsedad, Blasco ha aportado dos bienes inmuebles tasados en unos 800.000 euros con los que resarcir su responsabilidad civil.
más peticiones // Para José María Felip, que ostentó el cargo de director general de Cooperación, la rebaja es de 7,5 a 1,5 años de prisión. Respecto de Agustina Sanjuan, la que fuera secretaria general administrativa de la Conselleria de Solidaritat con Blasco, de 4 a 1,5 años. Marc Antonio Llinares, exjefe de área de Cooperación del mismo departamento autonómico, se beneficiará de una rebaja de petición de condena de 16 a 3 años y tres meses tras el acuerdo con el fiscal.
Por su parte el empresario Augusto César Tauroni, fundador de la Fundación Hemisferio, admite la comisión de la totalidad de los hechos por los que venía acusado, y se conforma con la imposición de las penas de 3 años y 6 meses de prisión y una multa de 40.000 euros, aunque inicialmente la Fiscalía había reclamado para él una pena de 21,5 años
El acuerdo de Blasco no afecta a la Abogacía de la Generalitat ni a la Coordinadora de ONGD, que ejerce la acción popular.
La Fiscalía Anticorrupción no informó del contenido de los acuerdos de conformidad, que tampoco fueron facilitados a todas las partes en la vista, lo cual suscitó objeciones de las defensas personadas en la causa.
