El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) llevará ante el juez a sus militantes y cargos condenados por corrupción, y les exigirá una indemnización por daños y perjuicios. Después de la inusualmente rápida reacción de la formación ante el arranque de la operación Taula el pasado martes, con decisiones como la suspensión de militancia a los detenidos por el caso Imelsa, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, elevó ayer el grado de las medidas disciplinarias hasta los propios tribunales.
Con la declaración por delante de que cuenta con el apoyo “total y absoluto” de Génova, Bonig desgranó casi una batería de medidas contra la corrupción desde dentro de la formación.
Tras asegurar que la primera persona contra la que se actuará será el exconseller Rafael Blasco, aunque están valorando si también lo hacen con el exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández, en prisión por prevaricación y falsesdad documental, explicó que el dinero que se recaude se destinará a “fines sociales”.
Otra de las medidas es proponer a la dirección nacional que amplíe las competencias del Comité de Derechos y Garantías para que tenga facultades de auditoría interna, y que las denuncias de militantes que lleguen al partido por conductas irregulares sean investigadas por profesionales independientes.
La presidenta del PPCV, quien definió el pasado martes como “un día bochornoso y negro” para su partido, recordó que la formación ya inició un proceso de regeneración y cambio “que no tiene vuelta atrás”, porque “creemos que se lo debemos a este partido con tantos años de historia”.
Isabel Bonig subrayó que la primera idea es “tolerancia cero a la corrupción y contundencia”, y pidió “perdón por los errores que se han cometido” en el pasado.
También avanzó que si la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o el diputado Gerardo Camps son finalmente investigados, “seremos igual de contundentes, ya lo dijo Rajoy, pero a fecha de hoy no están ni citados en calidad de testigos o investigados, ni tampoco detenidos”, aseveró. H
