El pleno de Les Corts Valencianes dio ayer el visto bueno, con los 52 votos a favor de los tres partidos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) y los 46 en contra de la oposición, la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos, a la que se ha incorporado en este último trámite una única enmienda apoyada por PSPV, Compromís y PP, la que permite la contratación de policías locales interinos bajo determinadas circunstancias.
La Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat superó las tres enmiendas a la totalidad con las que PP, Ciudadanos (Cs) y Vox pidieron su devolución al Consell y en la fase de debate de las enmiendas parciales se produjo una incidencia que ha sido nuevamente comentada en este último debate, ya en el pleno de la Cámara.
el escollo fiscal // En concreto, se produjo cuando los grupos del Botànic pidieron un receso de 15 minutos para llegar a un acuerdo en torno a la enmienda con la que se bonificaba en una proporción del 99% el impuesto de sucesiones y donaciones para empresas familiares --el PSPV defendía eliminar el requisito de facturación anual de menos de 10 millones de euros--, que se prolongó durante 45 minutos. PP, Cs y Vox abandonaron la comisión en señal de protesta y la sesión fue suspendida varios días.
El acuerdo para dejar ese requisito de facturación para empresas participadas y con acciones, eliminándolo en el caso de empresas agrícolas y de actividades profesionales e individuales, fue ensalzado por el Botànic este miércoles y nuevamente criticado por la oposición, que incluso señaló que deberían haber pedido perdón por lo ocurrido.
El diputado socialista castellonense Ernest Blanch defendió una de las enmiendas botánicas clave que quedaban pendientes para el pleno, la que permite la contratación de policías locales interinos por parte de los ayuntamientos en determinadas circunstancias, ya que la Ley de Coordinación de Policías Locales del 2017 no lo autoriza. La moratoria a esa prohibición acaba en enero y hay una sentencia del Constitucional que avala la contratación.
Se trata, dijo, de «ajustar» la normativa a la realidad de muchos municipios, sobre todo las localidades turísticas, para poder disponer de agentes, más allá de defender criterios de estabilidad para la plantilla en estos cuerpos.
Por su parte, la síndica del PPCV, Isabel Bonig, incidió en el argumento de que esta enmienda es una «chapuza con mayúsculas», así como manifestó que «se ha negociado a última hora», y explicó que el respaldo popular se debe solo a la «responsabilidad». En cualquier caso, dijo que «exigirá muchos requisitos y planteará problemas prácticos».
