La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de València ha ordenado la búsqueda y detención de Petru U., un ciudadano de origen rumano de 56 años acusado de violar de forma continuada a una indigente desde los veinte años y obligarla a prostituirse bajo amenazas de muerte. El procesado, que se encuentra fugado de la Justicia y no acudió a la vista oral señalada el pasado jueves, se enfrenta a penas que ascienden a los 19 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual, un delito relativo a la prostitución y dos de amenazas.

Tras salir de prisión en octubre de 2018, el ahora fugitivo volvió a por su víctima y tras abordarla en una calle de València, cuando ésta iba junto a su actual pareja sentimental, la amenazó con desfigurarle la cara y con cortarle el cuello. «Puta, te voy a matar y mis amigos van a matar a tu familia. Te voy a desfigurar la cara para que no puedas estar con ningún otro hombre», la amenazó, según consta en el escrito de conclusiones provisionales del fiscal. Asimismo también amenazó de muerte al novio de su víctima y a su familia, con el fin de amedrentarlos para que seguir prostituyendo a la joven.

Los hechos por los que iba a ser juzgado esta semana en la Audiencia Provincial de València, y cuya vista oral tuvo que suspenderse al estar el acusado ilocalizable, se remontan al año 2012 cuando la víctima llegó a España procedente de Polonia con solo 20 años de edad. Aprovechándose de la situación de desamparo de la joven, quien sobrevivía mendigando en el centro de València, el acusado la llevó a una fábrica abandonada de la calle Reus. Una vez allí le quitó su documentación y le colocó un cuchillo en el cuello, obligándola a que se desnudara, para tirarla sobre un colchón que había en el suelo y saciar su ánimo libidinoso, según remarca el fiscal.

Desde entonces y hasta septiembre de 2017 el procesado presuntamente habría forzado sexualmente a la joven en los distintos domicilios donde ambos residieron, «doblegando su ánimo mediante amenazas de muerte hacia su persona y sus familiares residentes en su país», según el Ministerio Fiscal. Además, en dicho periodo de tiempo la obligó a ejercer la prostitución favoreciendo encuentros sexuales con otros hombres y quedándose con el dinero que éstos pagaban por unas relaciones no consentidas por la víctima.

Como consecuencia de estos hechos la joven, que ahora tiene 28 años, sufre trastorno por estrés postraumático de intensidad grave. Secuelas por las que tendría que ser indemnizada con 23.000 euros.