El exdelegado del Gobierno en la Comunitat y exconseller del PP Serafín Castellano, investigado por el supuesto amaño de contratos para los servicios de extinción de incendios a través de la empresa Avialsa, aseguró ayer que todo es “un auténtico disparate”. Castellano, quien realizó estas declaraciones en Les Corts, donde acudió a comparecer en la comisión de investigación sobre el accidente de metro de Valencia del 2006 --cuando era portavoz del grupo popular--, se pronunció así en sus primeras declaraciones desde que en mayo fuera detenido e investigado en la causa.
El exdelegado del Gobierno espera tener ocasión, “lo antes posible”, de demostrar su “total y absoluta inocencia” y aseguró que todo lo que conoce sobre el asunto es lo que lee en los medios de comunicación. Castellano no quiso hablar más al respecto porque la causa está “sub iudice” y se declaró el secreto de sumario.
En relación a la investigación, dos de los detenidos por el supuesto amaño de contratos que fueron arrestados el miércoles y que pasaron ayer disposición judicial fueron puestos en libertad con cargos y se les prohibió salir de España. Se trata del exalto cargo de la Generalitat Pedro Hidalgo y del alto cargo del Gobierno catalán Ramón Dinares.
Hidalgo, exdirector general de Interior y exdirector general de atención a las personas con discapacidad, está investigado por falsedad, prevaricación cohecho y malversación, y ayer se negó a declarar. Por su parte, Dinares, responsable de área catalana en materia de prevención de incendios, está investigado por cohecho, malversación y negociación prohibida a funcionario.
La operación policial en la que fueron arrestados incluyó la práctica de 20 registros. Además de en la Comunitat y Cataluña, la operación (detenciones y registros) se desarrolló en Andalucía, Baleares, Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha. Hasta ahora hay más de 30 personas y 20 empresas investigadas por amañar, supuestamente, concursos públicos de ámbito autonómico, nacional e internacional. La causa, que sigue secreta, está abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y también negociación fraudulenta a funcionario público.
Sobre el caso, la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, afirmó que la Generalitat está “alerta” por lo que podría suponer el “amaño de más de 100 millones de euros en contratos”. H
