El pleno del Congreso dio luz verde ayer por tercera vez en poco más de un año a la reforma del Estatut de la Comunitat sin saber si finalmente saldrá adelante o si quedará de nuevo bloqueada si se disuelven las Cortes en caso de que se convoquen unas terceras elecciones. De hecho, es lo que sucedió en mayo, con el fin de la XI legislatura por la convocatoria de los comicios del 26 de junio. El debate para incluir la llamada cláusula Camps --para obligar al Estado a que invierta en la Comunitat el equivalente a su población-- vino marcado por un cruce de acusaciones entre los portavoces de PP, PSOE, Compromís, Ciudadanos y Unidos Podemos.

Fran Ferri, diputado de Compromís, reivindicó «unas inversiones justas» para los valencianos y pidió que se acabase la «discriminación en infraestructuras y financiación». Por el PSPV, Manolo Mata, señaló que tras 20 años de gobierno del PP están convencidos de que «la senda que hemos emprendido es la correcta, pero precisan de mejores infraestructuras y financiación».

Isabel Bonig, del PP, reprochó que fue el PSOE quien aprobó el actual sistema de financiación del 2009, aunque «ahora se rasgan las vestiduras por la infrafinanciación de la Comunitat» y pidió tener los mismos recursos que el resto de comunidades, al margen de cuestiones del pasado y del victimismo, y rechazó a quienes apelan a estos conceptos, en referencia a los nacionalistas.

Gerardo Camps, del PP, ironizó sobre lo que se quejan de que esta iniciativa haya pasado ya tres veces por el pleno en el último año y que sean los mismos que han bloqueado la investidura e impedido que se apruebe esta reforma estatutaria. Julián López, del PSOE, aseguró que esta autonomía está ahora «renaciendo» tras dos décadas de «despilfarro, prepotencia y abuso de los gobiernos del PP». Mientras, Ángela Ballester, de Unidos Podemos, insistió en que el fuerte endeudamiento que tiene actualmente la Comunitat tiene su origen en la corrupción de los gobiernos del PP. Y advirtió a Puig, que ha asistido desde la tribuna, si el PSOE se abstiene en una nueva investidura de Rajoy y facilita el acceso de corruptos a la Moncloa.

Toni Cantó, de Ciudadanos, cifró en 4.000 millones el agujero por corrupción en la Comunitat --si bien Gerardo Camps negó la existencia de ningún informe que lo evidencie--, y afeó al tripartito actual que no haga nada. Joan Tardà, de ERC, dijo que hasta que los valencianos no controlen sus derechos económicos no podrán ser independientes. H