La Conselleria de Vivienda ha aprobado la resolución que establece los nuevos criterios sociales de acceso en régimen de alquiler a las viviendas protegidas propiedad de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). De este modo, la Generalitat dará prioridad como beneficiarios a colectivos con más dificultades, como son los jóvenes menores de 35 años, personas desahuciadas y víctimas de violencia de género.
Así lo recoge la resolución que publicó ayer el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) que ofrece los detalles de una medida con la que se pretende adaptar la adjudicación de las viviendas de protección oficial (VPO) a la nueva Ley por la Función Social de la Vivienda, como ya ha venido informando la Generalitat. Con estas medidas, en definitiva, desde la Conselleria que dirige María José Salvador se pretende «demostrar sensibilidad hacia los colectivos más vulnerables y buscar soluciones para dar respuesta a unas necesidades sociales que deben ser atendidas».
Con este objetivo, según apuntaron desde el departamento autonómico responsable de Vivienda, «se está trabajando para conseguir la reducción de las desigualdades sociales en el ámbito de la vivienda y, al mismo tiempo, avanzar en la integración de los colectivos desfavorecidos».
Recientemente, Salvador ya afirmó que el impulso de la vivienda protegida que la Generalitat ha realizado durante estos dos años «no se queda ahí y sigue avanzando», tal y como marca la reciente ley. En ese sentido, manifestó que con los nuevos criterios sociales para la adjudicación se cumple «uno de los compromisos adquiridos en el Seminari de Govern que celebramos en Sagunto y que ya es una realidad».
Además, recordó otras iniciativas activadas, como el Plan de Alquiler Asequible, donde se adaptaron los precios a las condiciones del mercado, se prorrogó la bajada de precios del 15% y se adecuaron y redujeron las rentas según las circunstancias económicas de cada familia.
