Valencia, 1 ene (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Generalitat Valenciana a pagar 1.200 euros en costas por no facilitar la documentación solicitada por el Grupo parlamentario Popular en Les Corts.

Así lo ha asegurado en un comunicado la diputada popular y portavoz adjunta, Eva Ortiza, quien ha asegurado que ésta es "una condena" a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, "por no facilitar documentación y vulnerar los derechos fundamentales de esta diputada".

Ortiz solicitó documentación referida a una serie de acuerdos del Consell y, según explica, "la vicepresidenta Oltra, que ejerce como secretaria del Consell, era la responsable de facilitar esta documentación, a la que se negó, obligándonos a recurrir a los tribunales"".

"No deja de ser paradójico que Oltra, que durante años se quiso erigir como la abanderada de la transparencia, ponga ahora todas las trabas posibles para facilitar documentación y se escude en que no tiene personal para hacerlo, cuando es exactamente lo que ella y su grupo hacían cuando bombardeaban con solicitudes de documentación al anterior Consell, del PPCV", ha indicado.

La diputada popular ha explicado que "solo después de que el Grupo popular acudiera a los tribunales la señora Oltra hizo amago de ponerse a trabajar para trasladar los documentos, sin duda en un intento de evitar la condena".

Así, en el auto dictado por la sala con fecha 19 de diciembre de 2016, se cita textualmente que la diputada "ha tenido que acudir al Tribunal para ver satisfecho su derecho, y procede imponer las costas a la administración que se limitan a 1.200 euros".

"La Sala resuelve confirmar el auto con expresa condena en costas a la administración, una resolución que es firme", concluye.

A juicio de Eva Ortiz, esta "nueva condena afecta directamente a la línea de flotación del Titànic, en la persona de la Señora Oltra, que queda retratada y solo movió un dedo cuando vio las orejas al lobo".

La portavoz adjunta popular ha recordado que el Grupo popular "se ha visto obligado en el último año a interponer más de una decena de contenciosos ante la negativa del Consell de Puig y Oltra a facilitar documentación a la que tenemos derecho en el ejercicio de nuestras funciones como diputados".

Así, ha recordado que ya ha habido varios autos con condenas a pago en costas: a la consellera Gabriela Bravo por no facilitar las auditorías que dijo que había encargado sobre la situación de la Justicia, o al conseller de Hacienda, Vicent Soler, por no facilitar las cajas fijas de las universidades y por no entregar diversos informes de la Intervención de la Generalitat.

"Puig y Oltra hacen lo contrario de lo que predican y esta no será la última condena que reciban, estamos convencidos de ello", ha manifestado Eva Ortiz.

La portavoz adjunta se ha preguntado: "para qué existe la Conselleria de Transparencia, más allá de gastar en personal y hacer inspecciones retroactivas a la gestión del PPCV, si cuando tiene que actuar con su Gobierno cierra los ojos y calla". EFE